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Resolución de Conflictos Contractuales

Arbitraje

La legislación vigente en Argentina en materia de arbitraje está contenida en el Libro VI y arts. 517 a 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dado que se trata de un Estado Federal, dichas normas tienen aplicación sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las provincias, aunque existe en cada una un código procesal diferente, en términos generales, siguen las normas del ámbito nacional.

En Argentina existen varias instituciones privadas que administran sistemas arbitrales, tales como la Cámara Argentina de Comercio o la Bolsa de Comercio. Cada una de estas instituciones cuentan con un Centro o Tribunal de Arbitraje que tiene un Reglamento, que regula su procedimiento y asegura su funcionamiento.

Por último, cabe mencionar que se encuentra a estudio en el Senado de la Nación un proyecto de ley (Mensaje PEN 1594/99, Expte. PE 840/99) que incorporará, una vez aprobado, al sistema jurídico argentino la ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional.

Mediación y conciliación

La Ley 24.573 de 1995, estableció el procedimiento para la mediación y conciliación. Estos procedimientos fueron establecidos con el objeto de reducir la gran actividad judicial, que ha llegado a límites excesivos.

Mediación

La mediación será obligatoria antes de la iniciación de un juicio, excepto en aquellas causas relacionadas principalmente con:

  • Amparo, habeas corpus e interdictos;
  • Juicios criminales;
  • Divorcio, separación, y otros asuntos de familia, con excepción de las cuestiones patrimoniales y bienes gananciales;
  • Juicios en los que esté involucrado el estado nacional, incluyendo la • descentralización de entidades;
  • Juicios sucesorios y voluntarios;
  • Concursos y quiebras;
  • Causas que tramitan ante la Justicia del Trabajo. (la Ley 24.635 prevé ciertos procedimientos conciliatorios específicos)
  • Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación;
  • Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas.

Este procedimiento es opcional para los procesos de ejecución y juicios de desalojo.

El sistema consiste en el nombramiento de un mediador que promoverá el contacto directo entre las partes con el propósito de llegar a un acuerdo. El mediador deberá ser abogado y estar registrado en un registro especial que mantiene el Ministerio de Justicia. El abogado puede ser elegido por las partes, o asignado por sorteo. El mediador, dentro de los diez días de haber tomado conocimiento de su designación, la cual será notificada a las partes por cédulas, deberá citar a las partes para la primera reunión. El proceso de mediación deberá concluirse dentro de los sesenta días corridos a partir de la última notificación. Dicho plazo puede ser prorrogado por acuerdo de partes.

Si fracasara la mediación ya sea por incomparecencia de las partes, imposibilidad de notificación o no haber llegado a un acuerdo, el mediador levantará un acta de cierre dando por terminado el proceso de mediación y declarando expedita la vía judicial. Si se llega a un acuerdo, se levantará un acta en la cual deberán constar los términos del acuerdo, suscrito por las partes y el mediador. En caso de incumplimiento, lo acordado podrá ejecutarse ante el Juez designado, mediante el procedimiento de ejecución de sentencia regulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La información suministrada al mediador es estrictamente confidencial y no podrá ser revelada por ninguna razón, ni siquiera a una de las partes sin el consentimiento de la otra, ni puede ser utilizada como evidencia o como precedente en ningún proceso judicial dentro o fuera de las cortes. Los honorarios del mediador están fijados en forma predeterminada por decreto gubernamental y son a cargo de las partes en partes iguales o de la forma en que las partes acuerden hacerlo. La mediación suspende el plazo de la prescripción desde que se formaliza la presentación ante la mesa de entradas correspondiente.

Conciliación

La Ley 24.573 también establece una audiencia obligatoria en todos los juicios, antes de que se presente la prueba que sustenta la posición de las partes en litigio, la que requiere la presencia obligatoria del juez, con el objeto de lograr la conciliación. El juez comenzará la audiencia exponiendo las consideraciones legales que la causaron y escuchando a ambas partes sobre las razones y alegatos sobre la demanda y las objeciones que existieran. Las partes y el juez pueden sugerir medidas conciliatorias. Si se llegare a un acuerdo deberán prepararse minutas que resuman los factores más importantes que llevaron a alcanzarla; la homologación del juez competente le dará el carácter de una decisión judicial. Si hubiere desacuerdo, las minutas simplemente reflejarán el hecho de que no se logró un acuerdo, sin especificar las razones. Las partes no podrán ser interrogadas con respecto a las discusiones llevadas a cabo durante la audiencia

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