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Propiedad Intelectual e Industrial

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las patentes, marcas, modelos y diseños industriales, y los derechos de autor, que abarcan las obras literarias y artísticas.

Derecho de patentes y modelos de utilidad

Legislación:

Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por ley Nº 24.425

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Acta de Lisboa, 1958, aprobado por ley Nº 17.011

Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nº 24.481, modificada por Ley Nº 25.859, del 8 de enero de 2004. Reglamentada por Decreto 590/1995 y 260/1996

Recientemente, mediante la sanción de la Ley Nº 25.859, se modificó la normativa referente a la obtención de medidas cautelares ante la infracción de patentes de productos o procedimientos. En cuanto a las patentes de procedimiento, la ley amplia los efectos de las medidas cautelares a los productos obtenidos por la realización de tales procedimientos, sobre los cuales el titular de patente podrá impedir su uso, oferta en venta, venta o importación de los mismos.

Por otra parte, la referida reforma incorpora requisitos previos a la concesión de las medidas cautelares, como ser, la existencia de “una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida”. Dada la técnica legislativa utilizada y la reciente sanción de esta norma, no puede establecerse si tales requisitos serán aplicables a todas las medidas cautelares que tengan por objeto el cese de uso de la patente o si solo se aplicarán a aquellas que pretendan la obtención de prueba anticipada.

Otra modificación relevante es la Resolución 263/2003, que entró en vigencia el 9 de enero de 2004. Dicha resolución tiende a procurar celeridad en el proceso de concesión de la patente, dado que releva a la Oficina de Patentes de efectuar la búsqueda de antecedentes y evaluar los requisitos de novedad absoluta, mérito inventivo y aplicación industrial a aquellas patentes cuyo objeto reivindicado sea igual o menor a una patente concedida en el extranjero, siempre y cuando dicho país tenga iguales o mayores parámetros formales y de fondo para la concesión de patentes. La Ley Nº 25.859 de 2004 que amplió la protección existente

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es el organismo estatal responsable de la aplicación de las leyes de protección de la propiedad industrial. A través de la patente de invención el Estado otorga al inventor un derecho exclusivo durante 20 años en los que el titular puede impedir que terceros exploten su invención. Los titulares de patentes deben, a cambio de la protección mencionada, publicar información sobre la invención de manera de enriquecer el cuerpo total de conocimiento. En el caso de los modelos de utilidad –una disposición o forma nueva introducida en un objeto de trabajo- la protección se otorga por el término de 10 años

Derecho de modelos y diseños industriales

Legislación:

Legislación: Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por ley Nº 24.425

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Acta de Lisboa, 1958, aprobado por ley Nº 17.011

Decreto-Ley sobre Modelos y Diseños Industriales Nº 6673/63

Se protegen las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran carácter ornamental. La protección que la ley reconoce tiene una vigencia inicial de cinco años, pudiendo efectuarse hasta dos renovaciones por el mismo período de tiempo, llevando la duración máxima a quince años contados desde la fecha en que se efectuó el primer depósito.

Las características más salientes del régimen legal vigente son:

  • Se exige la novedad absoluta.
  • La solicitud se debe presentar en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
  • La solicitud de renovación de los modelos y diseños deben ser presentadas entre seis y nueve meses antes de los vencimientos.

Derecho de marcas

Legislación:

Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por ley Nº 24.425

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Acta de Lisboa, 1958, aprobado por ley Nº 17.011, y art. 13 in fine del Acta de Estocolmo, aprobado por ley Nº 22.195

Ley de Marcas y Designaciones Comerciales, Nº 22.362, publicada el 2 de enero de 1981. Reglamentada por Decreto 1141/2003, publicado el 28 de noviembre de 2003.

La legislación en materia de marcas (Ley 22.362) contempla la protección de todos aquellos signos con capacidad distintiva aplicables a productos o servicios. Para solicitar una marca la ley requiere que el solicitante tenga "interés legítimo". La solicitud de registro debe ser presentada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, abonando los aranceles correspondientes.

Los registros de marcas son concedidos por diez años, pudiendo ser renovados en forma indefinida por períodos iguales, siempre que la marca esté en uso en los cinco años previos al momento de solicitar la renovación.

Las marcas registradas por quien al momento de la solicitud conocía o debía conocer que pertenecían a un tercero, son nulas. Una marca no usada dentro de los cinco años contados desde la fecha de su registro, está sujeta a caducidad en caso que cualquier tercero con interés legítimo así lo solicite ante los Tribunales Federales correspondientes.

Es de señalar que recientemente se sancionó el Decreto 1141/2003 el cual prevé que las notificaciones de las resoluciones de la Oficina de Marcas se pueden hacer mediante publicación en el Boletín Oficial de Marcas. Entendemos que esta modificación generará celeridad en el trámite registral, el cual, en ocasiones, se retrasaba por las dificultades generadas en la notificación por cédula a los administrados.

Por otro lado, desde abril 2002 la Argentina adoptó la Octava Edición de la Clasificación de Niza, la cual incorpora las clases 43, 44 y 45.

Denominación de origen

Legislación:

Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio(ADPIC), aprobado por ley Nº 24.425

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Acta de Lisboa, 1958, aprobado por ley Nº 17.011

Ley de Denominaciones de Origen y de Procedencia para productos Vitivinícolas, Nº 25.163, reglamentada por el Decreto 57/2004

Ley de Denominaciones de Origen y de Procedencia para productos Agrícolas y Alimentarios, Nº 25.380

Derecho de autor

Legislación:

Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, aprobada por ley Nº 17.251

Convención Universal sobre obras Literarias y Artísticas, aprobado por decreto-ley 12.088/57

Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción No Autorizada de sus fonogramas, probado por ley Nº 19.963

Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, aprobado por ley Nº 23.921

Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, aprobado por ley Nº 24.039

Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por ley Nº 24.425

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF) Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723

Recientemente (6 de enero de 2004), se modificó el art. 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, incluyendo al Director de una obra cinematográfica como colaborador, y reconociéndole iguales derechos que al autor y productor.

La protección de una obra a través de su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual es voluntaria, sin embargo es conveniente hacer la correspondiente reserva de derechos. La inscripción de una obra se hace en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y en su caso en SADAIC (respecto a música y letras de temas musicales). El plazo general de explotación de la obra es la vida del autor más 70 años posteriores a su muerte; una vez vencida la protección la obra o prestación pasa al dominio público.

Los programas de computación -software- están actualmente protegidos por la Ley de Derecho de Autor (decreto 165/94), si bien se está considerando la sanción de un régimen legal propio, dado que ya se han producido fallos judiciales que no reconocen que efectivamente la mencionada ley sea de aplicación al software

Comentarios

Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial gozan en la Argentina de la protección otorgada por los standares previstos en los convenios internacionales tales como el ADPIC, Convenio de París y Convención de Berna.

En cuanto a los problemas detectados por las empresas que operan en el país, básicamente se reflejan en (i) las demoras en los procesos de registro de Derechos de Propiedad Industrial (ii) el ingreso ilegal de bienes foráneos que infringen Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Con relación a las demoras en los procesos de registros, comentamos arriba la sanción de dos normas – una en materia de patentes y otra en marcas - que tenderían a procurar celeridad en aquellos trámites.

Mercosur

La regulación de la propiedad intelectual en el ámbito del Mercosur se ha ido actualizando como consecuencia del proceso de armonización iniciado desde la adopción por todos los estados miembros del Acuerdo Relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC (TRIPS por sus siglas en inglés), en abril de 1994 (con algunas excepciones por parte de Chile y Argentina) y que, hasta la fecha, ha tenido su máxima expresión con la firma del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, suscrito el 5 de agosto de 1995, mediante Decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur Nº 8/95. Dicho instrumento tiene por finalidad la armonización legislativa de los Estados Partes y por ahora ha sido ratificado sólo por Paraguay (y en consonancia, ha dictado su Ley de Marcas Nº 1294/98). Uruguay ha internalizado sus disposiciones por medio de la Ley 17.052, del 14 de diciembre de 1998, pero aún no ha hecho el depósito del instrumento de ratificación en la Secretaría de Mercosur. Brasil cuenta también con su Ley de marcas que data del 14 de mayo de 1996 y Argentina se rige por su vieja Ley de Marcas y Designaciones Nº 22362 de 1981 (ambos países han formulado observaciones puntuales al Protocolo). En consecuencia, el Protocolo todavía no tiene aplicación supra nacional.

Denominación geográfica La Rioja.

En el último trimestre de 1999 Argentina sancionó la Ley 25.163, por la que se establecen las normas generales para la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico de Argentina, y la Resolución C. 23/99 aprobando el Patrón Básico de las Areas Geográficas y Areas de Producción de Vino Preliminares de Argentina. Dicha Resolución sienta las bases legales para que se pueda reconocer legalmente la obtención de una Denominación de Origen Calificada (DOC) o una Indicación Geográfica (IG), entre las cuales se podría crear una con el nombre de La Rioja al existir una región vitivinícola argentina con ese nombre, lo cual, obviamente, redundaría en claros perjuicios para los Rioja españoles.

España entiende que Argentina está intentando plantear este asunto como un caso de homonimia previsto por la OMC; con ello podría pretender beneficiarse del prestigio de la Denominación española, que está mucho más asentada en los mercados comunitario e internacional y que goza de gran reputación.

Por parte de la Administración española se han realizado distintas acciones para evitarlo. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja presentó ante el Instituto Vitivinícola argentino una reclamación escrita contra la posible inclusión de la RIOJA ARGENTINA en la lista de “indicaciones geográficas” argentinas. El Consejo Regulador de Rioja ha iniciado gestiones y contactos con las autoridades y con las empresas argentinas para tratar de llegar a una solución amistosa. Sin embargo, en el Boletín Oficial del 16 de enero de 2004 ha sido publicado el Decreto Nº 57/2004, mediante el cual se aprueba la reglamentación de la Ley 25.163 y que sigue conteniendo en el padrón básico de áreas geográficas, la denominación Rioja como posible IG.

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